Aunque me da la sensación que el debate somos Carolina y yo, aquí va el Comunicado de Prensa
Creada la Plataforma por los Derechos de las Personas Trabajadoras del Sexo
Lunes 8 de mayo de 2006.
El comunicado se puede leer en formato pdf en : http://www.nodo50.org/feminismos/article.php3?id_article=42
Adjunto también Comparecencia ante el senado de Cristina Garaizábal
Miércoles 26 de abril de 2006.
Cristina Garaizábal es psicóloga y miembro de Hetaira.
Para nosotras la prostitución y, sobre todo, las trabajadoras del sexo son mujeres que, como la mayoría de nosotras, busca la manera de vivir lo mejor posible dentro de las opciones que les ofrece la vida. En esta medida es por lo que consideramos la venta de actos sexuales como un trabajo y partimos de la idea de que hay que reconocer los derechos sociales y laborales que se desprenden de su situación. También creemos que cualquier medida legislativa que se tome en relación con estos asuntos tiene que tener en cuenta la voz de las trabajadoras del sexo. Por eso, en esta organización convivimos mujeres que trabajan en la industria del sexo con mujeres que trabajamos en otros asuntos. Además, a la hora de consultarles, hay que tener en cuenta que al igual que sucede en todos los colectivos de trabajadores ellas tampoco tienen una voz unificada ni homogénea porque sus situaciones de trabajo y de existencia son muy diversas. Para nosotras una primera distinción fundamental que hay que hacer a la hora de legislar sobre este asunto es diferenciar entre lo que es la prostitución que se ejerce bajo engaño o coacción de terceras personas de la que se ejerce como una decisión individual y, cuando digo lo de la decisión individual, obviamente esta decisión es una decisión condicionada porque todo el mundo estamos condicionados en esta sociedad a la hora de tomar nuestras decisiones por el nivel cultural, económico, la edad, etcétera. En todo caso, es una decisión y esto hay que diferenciarlo muy bien de lo que puede ser la explotación sexual o la coacción y el engaño. Nos preocupa, en los últimos tiempos, la alarma social que se está creando con el tráfico de mujeres con fines de explotación sexual, entre otras cosas, porque creemos que la políticas que se han ido desarrollando con respecto a este asunto lo que han hecho ha sido crear la imagen de que todas las prostitutas inmigrantes vienen siempre engañadas y coaccionadas por mafias y ésta es una idea falsa. Por lo que nosotros conocemos, no es así, no todas vienen engañadas y coaccionadas y es una idea que sólo sirve para estigmatizar más a estas mujeres. Entre quienes ejercen la prostitución por decisión propia creo que hay una gran diversidad de situaciones en cuanto a la conciencia que tienen de trabajadoras, hay trabajadoras del sexo ocasionales, es decir, mujeres que se prostituyen unos días al mes porque los sueldos —fundamentalmente el sueldo del marido— no llegan para cubrir las necesidades básicas, suelen ser mujeres de clases populares que no se consideran a sí mismas trabajadoras sexuales; también hay estudiantes que se dedican a esto algunos días para aumentar los ingresos que tienen y poder vivir un poquito mejor. Esto hay que diferenciarlo de lo que hacen aquellas personas que hacen de la prostitución su modo fundamental de vida y que, por tanto, se profesionalizan. También hay diversidad en cuanto a las condiciones de trabajo, están las que trabajan en la calle, las que trabajan en clubs, las que trabajan de manera autónoma, las que trabajan en plaza en los clubs, etcétera. Obviamente, hay diversidad en las condiciones sociales, culturales y en la nacionalidad, lo cual hace que el tema de la prostitución esté muy ligado a las políticas de extranjería y a todo el problema de la inmigración. De todas formas, considerar que la prostitución es un trabajo lleva parejo tener en cuenta que no es un trabajo como cualquier otro, es decir, tanto por el estigma que conlleva el ejercer la prostitución como porque lo que se vende son actos sexuales creemos que en la legislación se debe contemplar la especificidad que comporta este trabajo y tenerlo en cuenta a la hora de legislar, desde el punto de vista laboral, las prerrogativas que debe tener la patronal, los deberes y derechos que deben tener las trabajadoras porque, probablemente, la dinámica de uno y de otro sería distinta en otro tipo de trabajo, luego concretaré un poquito más. Es importante que cualquier legislación que se haga sobre este tema tenga en cuenta el punto de vista de las trabajadoras, que son la parte más indefensa, si bien es cierto que la situación de alegalidad que tiene la prostitución no solamente influye en las trabajadoras sino que también afecta a los empresarios que están demandando que esto se regularice. Nosotras creemos que en esta situación la peor parte se la llevan los trabajadores del sexo y, por tanto, a la hora de legislar se ha de tener en cuenta qué es lo que opinan estos trabajadores para poder defender mejor sus derechos. Para que esto sea posible creemos que es necesario desdramatizar esta actividad para poder verla en sus justos términos y luchar contra el estigma que recae sobre las mujeres
que ejercen este trabajo. Nosotras pensamos que las dificultades que hay para poder contemplar legislativamente que la prostitución es un trabajo tienen que ver, en buena medida, con este estigma que enmascara las relaciones laborales planteando el debate dentro de la moralidad en lugar de plantearlo dentro de lo que son las relaciones laborales. Hay que contemplar también el hecho de que la situación de las mujeres inmigrantes que trabajan en la prostitución presenta una problemática particular que debe ser contemplada específicamente. Decía antes que una primera idea con la que hay que romper es con la de que todas vienen engañadas por mafias, si ustedes se pasean por la Casa de Campo o por la calle Montera y preguntan les contestarán que eso no es así porque, en todo caso, las que están engañadas, coaccionadas o chantajeadas para trabajar en la prostitución, que también existen, suelen ser las que menos se ven, trabajan clandestinamente porque obligar a alguien a ejercer la prostitución es un delito en nuestro país. La prostitución de hecho es una posibilidad de trabajo que las mujeres inmigrantes cuando salen de sus países contemplan como una posibilidad que está ahí, lo que también es cierto es que la gran mayoría de ellas lo que no se esperan son las condiciones que se van a encontrar aquí al ejercer ese trabajo, generalmente piensan que se van a encontrar una situación mucho mejor que la que luego se da en la realidad. No queremos negar que existe el tráfico internacional de personas, fundamentalmente de mujeres, destinado a mantenerlas en situación de esclavitud, pero este tráfico está dirigido de todas formas a diferentes sectores del mercado laboral, por ejemplo, mi barrio, La Latina, está lleno de talleres de costura clandestinos sin que nadie haga nada para solventarlo y eso es tráfico de personas. A nosotros nos preocupa especialmente que cuando se habla del problema del tráfico se carguen las tintas en aquel que está relacionado con la prostitución, con la explotación sexual y, en cambio, no se consideren otros sectores del mercado laboral que también sufren ese tráfico. No obstante, creemos que hoy con el Código Penal en la mano existen leyes que penalizan el tráfico. Asimismo, es cierto que existen mafias que obligan a niños, a niñas y a mujeres a prostituirse en régimen de esclavitud y, nuevamente, creemos que el Código Penal contempla perfectamente como delito el que alguien obligue a otra persona a prostituirse. En ese sentido, creemos que si hoy no se combate lo suficientemente no es por falta de medios sino por falta de voluntad política, no por falta de leyes. También es cierto que habría que contemplar el problema de la protección de las víctimas que denuncian estas situaciones un poco mejor de lo que se hace y dedicar más recursos a esas mujeres que se encuentran entre el cielo y la tierra cuando denuncian que están en una red. Creemos que hay que diferenciar estas mafias de lo que es la entrada ilegal de personas a través de redes que les cobran un dinero desproporcionado y que lo único que les importa es el hecho de que ese dinero sea devuelto. Evidentemente, hay un delito que es cobrar cantidades astronómicas por una cosa que no tendría que costar tanto aunque, en todo caso, creemos que el motivo de que esto se dé lo posibilita el hecho de que la Ley de Extranjería es tan restrictiva que obliga a que muchas personas que quieren inmigrar tengan que recurrir a esas redes ilegales pagando unas cantidades astronómicas ya que, de ser libre la entrada en este país, probablemente no necesitarían pagar estas cantidades. Respecto al tema de la prostitución creemos que sería necesario legalizar la situación de aquellas inmigrantes que están en nuestro país y demuestran que tienen medios para vivir en él contemplando, entre otras cosas, el trabajo sexual como un medio de vida para poder subsistir. Nuestras alternativas pasan por descriminalizar totalmente la prostitución y reglamentar las relaciones con terceras partes de acuerdo con los códigos de comercio ordinario incluyéndose, por tanto, cláusulas especiales, como decía al principio, para impedir que se abuse de las prostitutas y que se las estigmatice. En este sentido, se debería reconocer en los códigos comerciales y laborales la prostitución como un trabajo teniendo en cuenta las diferentes variables en que se puede ejercer: autónoma y asalariada fundamentalmente. De las experiencias que hemos podido ver en otros Estados, que han desarrollado políticas concretas en torno a la prostitución, lo que podemos decir es que hay algunas formas de reglamentación de la prostitución que no tienen en cuenta los intereses de las prostitutas, lo que implica una mayor discriminación de estas mujeres. A mí me gustaría alertar a sus señorías contra estas formas de reglamentación de la prostitución. Básicamente, las cosas que han generado más problemas han sido la creación de impuestos especiales para las trabajadoras y empresarios que se dedican a esta actividad, creemos que los impuestos que deben implementarse en este trabajo deben ser equiparables a los de otros sectores laborales que se desarrollan en condiciones sociales similares, teniendo en cuenta que dentro de la prostitución también se dan diferencias económicas según el lugar y cómo se ejerza esta. No se puede primar igual a un club que esté en la zona de Montera que a un club que esté en la calle Cuzco por mucho que los dos se dediquen al trabajo sexual. De hecho, el que se grave más la prostitución que otras actividades similares lo que conlleva es que al final las que son sobreexplotadas son las trabajadoras sexuales porque, obviamente, los empresarios al final sacan el dinero recortando los ingresos de las trabajadoras y quedándose con mayores porcentajes. Tampoco nos parece adecuado el establecimiento de controles sanitarios obligatorios para las trabajadoras sexuales como forma de prevenir el sida y las enfermedades de transmisión sexual, primero, porque está comprobado que eso no sirve para nada, es decir, hace ya mucho que se ha demostrado que no existen grupos de riesgo, que lo que existen son prácticas de riesgo, y lo que hay que hacer es concienciar al conjunto de la población para que cuando tengan relaciones sexuales pongan los medios para que esas relaciones no sean de riesgo y, después, lo que hemos visto es que cuando las trabajadoras del sexo tienen un carné, debido a estos controles sanitarios, que dice que están estupendamente bien de salud y que no están infectadas si ahora ya tienen problemas para la utilización del preservativo en las relaciones sexuales con muchos clientes, si la trabajadora tiene esa libretita en la que se dice que está
bien de salud sería poco más o menos que imposible la práctica del acto sexual con preservativo, y, por tanto, si la prostituta o trabajadora del sexo se queda infectada en la primera relación que tenga después de haberse hecho el control hasta que no tiene el siguiente control eso es un elemento de transmisión del virus que no solamente no frena la epidemia sino todo lo contrario. Creemos que hablar de controles sanitarios obligatorios para las trabajadoras del sexo lo único que lleva es a estigmatizarlas aún más de lo que ya están al considerarlas grupos de riesgo y eso, además de moralmente cuestionable, es totalmente ineficaz pues redunda en el mito de que son las prostitutas las que contagian y no los clientes. Esto reforzaría, insisto, las prácticas peligrosas. Para nosotras el Código Penal no debe ser el destino legislativo del ejercicio de la prostitución. Como decía antes, en su actual redacción nuestro Código Penal es un instrumento más que suficiente para defender a las trabajadoras del sexo de los abusos y agresiones, de hecho en él se considera un delito obligar a prostituirse a alguien. También existen unos artículos en el Código Penal que consideran delito los abusos, las agresiones físicas, psíquicas o sexuales y no se pregunta a nadie cuál es su historia personal para denunciarlo o no. Cuando se reconozca la prostitución como un trabajo nos parece fundamental que este reconocimiento no implique un recorte de la libertad de movimiento y de opciones que se dan dentro de ésta. En este sentido, nos oponemos por ineficaces y por estigmatizantes a los registros obligatorios de prostitutas controlados por el Ministerio del Interior o por la Policía, cosa que se ha hecho en otros países, es lo primero que han hecho antes de reglamentarlo, y tampoco nos parece una solución que se legalice la prostitución regulando cómo debe ser ejercida, es decir, estableciendo en qué lugares, en qué zonas, los horarios, etcétera, y se criminalice a toda aquella trabajadora del sexo que no quiera o no pueda ejercer en estas condiciones. Es cierto que existen muchas trabajadoras del sexo que deciden trabajar en lugares cerrados porque así se sienten más seguras, pero otras prefieren captar la clientela en la calle pues, aunque implique mayor riesgo, también implica más libertad ya que los lugares cerrados suelen estar llevados por dueños que son los que imponen las condiciones de trabajo. Para nosotras generalizar y obligar a que toda la prostitución se desarrolle en lugares cerrados implica aumentar la discriminación en aquellas prostitutas que bien por edad o bien por su apariencia física no se corresponden con lo que se lleva en cada momento y con lo que la clientela demanda. Somos conscientes de que el ejercicio de la prostitución en la calle es uno de los aspectos más problemáticos de ésta por los conflictos ciudadanos que frecuentemente provoca, de hecho cada vez que se habla públicamente del tema de la prostitución y nuestras administraciones se ponen a ello es porque ha estallado alguna protesta ciudadana en algún barrio concreto. Por nuestra experiencia lo que sabemos es que la resolución de estos conflictos no es fácil y también partimos de la idea de no ser partidarios de que las prostitutas ni nadie hagan lo que les dé la gana en la calle sin tener en cuenta a nada ni a nadie porque creemos que los espacios públicos son de todos los ciudadanos y que su utilización, en muchos casos, no está exenta de conflictos, conflictos que deben de ser pactados entre los diferentes sectores en litigio y que, en todo caso, las administraciones locales deberían hacer de vehículo mediador entre unos intereses y otros para ver qué se hace, aunque nos parece fatal el que sean siempre las prostitutas las que deben plegarse a la voluntad del resto y cambiar de lugar de trabajo, como está pasando en los últimos tiempos en que, por culpa de las protestas ciudadanas, se las echa de un sitio para que tengan que ir a otro, luego se las echa de otro para que vayan a otro con lo cual, además, lo único que se hace es trasladar el conflicto de unos barrios a otros de la ciudad. Ese conflicto es endémico, el conflicto está ahí y va saliendo cada poco. Hoy en día existen muchas trabajadoras del sexo que se pronuncian a favor de establecer zonas específicas para el ejercicio de la prostitución en las que puedan trabajar tranquilas y seguras y que cuenten con una serie de servicios que les facilite el desempeño de su trabajo al estilo de lo que serían los barrios rojos de algunas ciudades europeas. A nosotras, en principio, esto nos parece bien siempre y cuando estas medidas se vayan imponiendo a partir de políticas persuasivas en lugar de políticas criminalizadoras o prohibicionistas. En primer lugar, porque la experiencia nos ha demostrado que las políticas prohibicionistas y criminalizadoras no acaban con el problema sino que lo que hacen es agravar las condiciones de su ejercicio y, fundamentalmente, de las trabajadoras. En concreto, lo que sabemos, por ejemplo, de Suecia, donde se hizo la ley de penalización del cliente, por lo que nos comentaban las organizaciones de prostitutas suecas es que esto había redundado en que a la hora de negociar tenían que hacerlo de forma más rápida, con lo cual ellas perdían capacidad de negociación ante el cliente. Creemos que las políticas criminalizadoras agravan el problema al empeorar las condiciones de trabajo de las mujeres y favorecen el desarrollo de mafias y chulos que encuentran en la ilegalidad el caldo de cultivo propicio para sus intereses. Son mejores las políticas persuasivas que las criminalizadoras porque estamos convencidas de que si existen lugares seguros y tranquilos para ejercer el trabajo sexual la gran mayoría de trabajadoras se establecerá en estas zonas, pues ellas son las primeras interesadas en trabajar en buenas condiciones; así sólo quedarían fuera de estas zonas sectores tan minoritarios de trabajadoras sexuales que no generarían mayores problemas para el vecindario. Yo diría que lo que genera malestar es la masificación, y estoy pensando, por ejemplo, en los problemas que se dan sistemáticamente en la calle Montera, una zona tradicional de prostitución en Madrid, ya que mientras había sólo 10 o 12 prostitutas nunca había planteado problemas y el barrio asimilaba esa realidad, lo que obviamente plantea problemas es cuando empiezan las redadas en la Casa de Campo, como consecuencia de eso se traslada la gente a Montera y en la calle Montera, que es una calle cortita, aparecen 200 ó 300 mujeres. Por último, en cuanto a las regulaciones laborales cuando el trabajo sexual se ejerce interviniendo terceros
bien en régimen salarial o bien por porcentajes creemos, como decía al principio, que por las particularidades de este trabajo es imprescindible precisar el alcance de las potestades de la patronal contemplando los derechos de las trabajadoras. En este sentido, para conceder una licencia para montar locales de alterne no es suficiente con que se digan los lugares dónde se pueden montar o las condiciones higiénicas que deben tener sino que tiene que entrar también en asuntos como las relaciones laborales. Deberían concederse estas licencias preferentemente a los locales autogestionados y a las cooperativas de trabajadores sexuales y creemos que no se deberían conceder licencias para montar clubs de alterne ni a los «trush» ni a personas individuales que tengan antecedentes penales por asuntos relacionados con drogas o violencia contra las mujeres. Nos parece fundamental que en ningún momento se permita a la patronal (los jefes o los dueños de cada chiringuito) la imposición de prácticas sexuales o las condiciones de trato con los clientes a las trabajadoras precisamente por lo que comentaba al principio, es decir no es lo mismo vender pipas que vender actos sexuales. Cada trabajadora sabe muy bien qué prácticas sexuales está dispuesta a vender y cuáles no, y hoy en día lo que pasa en los clubs es que sus dueños obligan a las trabajadoras sexuales a hacer todo tipo de servicios y a coger todo tipo de clientela, e incluso, en muchos clubs de carretera esto se hace sin contemplar horarios de descanso, es decir, están a total disponibilidad del dueño del club de manera que cuando alguien reclama sus servicios ellas tienen que dejar de comer o levantarse si están durmiendo, etcétera. Eso hay que regularlo estableciendo unos horarios como los que tienen el resto de trabajadores y trabajadoras y el derecho a los descansos y a unas condiciones de trabajo laboral lo más asimilables posible al resto de trabajos.
